La fiscalidad de la vivienda para uso propio y alquiler

El reciente Real Decreto-Lei, promulgado el 6 de octubre y en proceso de validación, afecta a diversos sistemas fiscales relacionados con la propiedad y alquiler de viviendas. Entre ellos están el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto sobre el Valor Aduanero (IVA), el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y la Plusvalía Municipal.

El objetivo principal del Decreto-Lei es abordar el desafío económico y social que supone el acceso a la vivienda en España, que se debe a un crecimiento de población urbana, a una oferta insuficiente de nuevas viviendas y a un marco normativo incierto. Esta situación ha contribuido al incremento de los precios del mercado residencial, con la fiscalidad desempeñando un papel relevante en este fenómeno.

Uno de los aspectos más relevantes del nuevo Decreto-Lei es cómo se aplican los impuestos a cada fase del ciclo inmobiliario, desde la compra hasta el alquiler de una vivienda. El sistema fiscal afecta tanto al arrendador como al arrendatario, con diferentes tasas y deducciones que varían según la duración del alquiler, la destinación de la vivienda y la situación tributaria del arrendador.

El Decreto-Lei también introduce medidas para estimular la oferta de alquiler estable y proteger la función social de la vivienda. Entre ellas, se encuentra una reducción del 50% del rendimiento neto de los alquileres, siempre que se utilice para vivienda permanente del arrendatario. Además, se permite una reducción total del 100% si se mantiene el alquiler inicial con un descenso del 5% en comparación al contrato anterior, y se amplían las deducciones por obras de mejora energética.